El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 27 de febrero de 2014, en sentencia con relación a la procedencia del “Impuesto especial sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos” (IVMDH), que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan, en teoría, a fines sanitarios y medioambientales vulnera la legislación comunitaria, dictaminando la improcedencia del mismo.

En la citada sentencia, el TJUE declara que el IVMDH, no es conforme a Derecho Comunitario sobre la base de que este tributo no persigue una finalidad específica no presupuestaria, tal y como exige la mencionada directiva.

Declarada la infracción del Derecho Comunitario por dicho tributo, el TJUE se pronuncia ahora concretamente sobre los efectos temporales de la sentencia, estableciendo que “no procede limitar en el tiempo los efectos de la presente sentencia”.

El TJUE, dando respuesta a las alegaciones presentadas para solicitar la limitación temporal de sus efectos, manifiesta, literalmente, que “no puede admitirse que la Generalitat de Cataluña y el Gobierno español hayan actuado de buena fe al mantener el IVMDH en vigor durante un período de más de diez años”

La relevancia de esta declaración es incuestionable en la medida en que, conforme a la propia doctrina del TJUE, abre la vía a los contribuyentes para ejercitar la reclamación de una eventual responsabilidad patrimonial que el Estado y las comunidades autónomas pudieran tener respecto a las cuantías abonadas desde la entrada en vigor del tributo el 1 de enero de 2002.

Dicho de otro modo: siempre que pueda acreditarse debidamente el pago del impuesto, y se tenga legitimación para ello, podría reclamarse la devolución del céntimo sanitario soportado, junto con los intereses correspondientes incluso de ejercicios ya prescritos, dados los términos en los que se expresa la sentencia del TJUE.

 

En primer lugar, cabe plantear la solicitud de ingresos indebidos en un procedimiento económico-administrativo que, en caso de no ser estimado por la autoridad administrativa competente, pese a la sentencia que nos ocupa, daría lugar a un procedimiento contencioso-administrativo. Este procedimiento cabría para todas aquellas liquidaciones cuyo plazo de prescripción, de cuatro años, no hubiese transcurrido ya, mas concretamente los periodos comprendidos entre Enero de 2010 y diciembre de 2012, periodos no prescritos en los que se aplicó el impuesto.
En segundo lugar, y previo análisis de nuestro departamento jurídico, se podría iniciar un procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Este procedimiento puede iniciarse por cualquier ingreso que se hubiera hecho por este impuesto en cualquier momento. Eso sí, el procedimiento debe iniciarse en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia.

 

Dado que el impuesto anulado por el Tribunal de Luxemburgo no sería gasto deducible. En la medida en que para muchos reclamantes este impuesto tuvo la consideración de gasto deducible en su imposición directa (Impuesto sobre Sociedades o IRPF), resultará necesario regularizar al mismo tiempo las nuevas obligaciones tributarias derivadas de la minoración de los gastos necesarios para el ejercicio de la actividad.

La Agencia Tributaria ha diseñado un modelo normalizado de solicitud, de utilización voluntaria para quienes hubieran soportado la repercusión del impuesto y deseen solicitar la devolución del impuesto soportado. Este modelo normalizado está disponible para su presentación a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria.